El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió hoy en la Junta General el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, que establece un marco de derechos, procedimientos y garantías para facilitar la intervención de la sociedad en los asuntos públicos.
El texto incorpora herramientas como los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, los foros y los jurados ciudadanos, con el objetivo de consolidar cauces estables de diálogo entre las instituciones y la población.
En la comparecencia también participaron la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez.
“La democracia representativa y la participación ciudadana son complementarias, no excluyentes”, afirmó Zapico, quien subrayó que las instituciones deben asumir la responsabilidad de tomar decisiones, pero también facilitar que las personas aporten sus experiencias, conocimientos y propuestas a las políticas que les afectan.
Zapico rechazó las críticas que consideran esta iniciativa una amenaza para la representación política, precisando que “la ley no sustituye a los representantes elegidos, sino que amplía los cauces para intervenir en la vida pública”.
El titular de Derechos Ciudadanos reivindicó la responsabilidad de los poderes públicos para eliminar los obstáculos que dificultan la participación, en línea con el artículo 9.2 de la Constitución. El objetivo es que esta no dependa solo de la voluntad de cada Administración, sino que cuente con un marco común de derechos, procedimientos y garantías.
Zapico destacó el proceso de elaboración del proyecto, que se llevó a distintos concejos de Asturies mediante reuniones celebradas en los cuatro puntos cardinales de la comunidad, con la participación de cerca de mil personas. Este proceso contó con la implicación del tejido asociativo y la colaboración de la Universidad de Oviedo en la metodología y coordinación técnica.
“No queríamos elaborar una ley desde un despacho y abrir después un periodo de alegaciones. Queríamos escuchar a quienes conocen las dificultades de participar”, explicó Zapico, subrayando la importancia de tener en cuenta las barreras que pueden imponer la distancia, los problemas de accesibilidad o la brecha digital.
El proceso despertó el interés del Gobierno de España y permitió presentar la experiencia asturiana en un congreso internacional celebrado en Vitoria en octubre de 2025, donde recibió un reconocimiento.
El proyecto contempla, además de los instrumentos de participación, herramientas digitales y medidas de formación y apoyo, así como la creación del Consejo de Participación Ciudadana. “No hablamos, por tanto, de una declaración de intenciones, sino de establecer cauces para que la participación forme parte de la relación entre la Administración y la sociedad”, subrayó Zapico.
La ley establece un marco general que deberá desarrollarse reglamentariamente para garantizar que sus instrumentos sean accesibles y útiles. Zapico también vinculó la participación con la necesidad de combatir la desinformación y los bulos.
En las próximas semanas, su departamento presentará un nuevo portal de participación ciudadana, más accesible, cercano y efectivo, para facilitar que las asociaciones y la población puedan informarse y plantear propuestas.
Zapico tendió la mano al PP para negociar el texto y alcanzar un acuerdo que permita aprobar la ley. Recordó los consensos alcanzados en esta legislatura con la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y la aprobación de la ley LGTBI. “Creo que no hay dos sin tres y esta puede ser la tercera”, afirmó, apelando a la negociación para dotar Asturies de un marco estable de participación ciudadana.
