La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar publicó hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) les instrucciones que fan efectiva la reciente modificación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Esta medida permitirá a les persones beneficiaries del salario social básico y los sos complementos vitales solicitar la revisión de les deudes derivades de cobros indebidos cuando estos sean consecuencia de retrasos o actuaciones imputables a la Administración.
Les solicitudes de revisión podrán presentase a partir de mañana, vienres, y hasta septiembre de 2027. La publicación de este procedimiento produce una semana antes de que finalice el plazo previsto en la ley pa su aprobación, con el objetivo de agilizar la aplicación de les nuevas garantías y facilitar que puedan beneficiar cuanto antes a les persones afectades.
La ley establece que les persones beneficiaries que hayan actuado de buena fe, comunicado correctamente los cambios en les sos circunstancias y cumplido con les obligaciones exigides por la normativa, no tendrán que asumir les consecuencias económicas derivadas de retrasos o errores atribuibles a la Administración. La consejería recuerda que estas garantías no se aplican en supuestos de fraude, mala fe, ocultación de información o aportación de datos falsos o inexactos.
Les instrucciones regulan la revisión de expedientes en distintas situaciones, incluidos los procedimientos en tramitación, les reclamaciones pendientes de pago y determinadas cantidades ya abonadas. Asimismo, prevén la suspensión de les actuaciones de cobro mientras se analiza cada caso cuando concurran les circunstancias previstas en la ley.
Les persones interesadas podrán presentar su solicitud mediante un modelo normalizado que, xunto con les instrucciones, ta disponible nel enllace: La Dirección General de Gestión de Derechos Sociales estudiará cada expediente pa comprobar si reúne los requisitos legales y resolver, en su caso, sobre si procede dejar sin efecto la deuda o devolver les cantidades abonadas.
Pa facilitar la difusión de la medida, Derechos Sociales activó un canal de coordinación con entidades locales, equipos territoriales y organizaciones del tercer sector, con el fin de informar, resolver dudas y favorecer que les persones potencialmente beneficiaries puedan ejercer este derecho.
Con la publicación de estas instrucciones, el Gobiernu d'Asturies culmina el desarrollo d'una de les medidas incorporades a la ley pa reforzar la protección de les persones y familias en situación de vulnerabilidad y garantizar una aplicación homogénea de la norma en tolo territorio.
