El Gobierno de Asturias ha declarado Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) la iniciativa promovida por Sunwafe S.L. para poner en marcha una planta de fabricación de lingotes y obleas de silicio destinados al sector fotovoltaico. Al realizarse, se convertirá en la primera gran factoría europea dedicada a estos productos.
Sunwafe plantea que el centro se construya en una parcela de 300.000 metros cuadrados de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (Zalia). La empresa se compromete a ejecutar una inversión mínima de 670 millones en menos de dos años desde la obtención de las autorizaciones necesarias para el inicio de actividad.
La compañía también asume el compromiso de crear 250 puestos de trabajo directos, indefinidos y a jornada completa, en un plazo máximo de tres años desde la obtención de las citadas autorizaciones. La llegada de Sunwafe a Zalia supone un hito en el desarrollo de la zona logística, dado que será el primer gran proyecto que se instale en esta área, llamada a convertirse en una infraestructura clave para posicionar Asturias como nodo logístico de referencia en el norte de España.
Según las previsiones de la empresa, la futura planta podrá alcanzar en el horizonte 2030 una capacidad de producción de hasta 2.500 millones de obleas anuales, equivalentes a unos 20 gigavatios (GW) de capacidad fotovoltaica. Esta iniciativa podría reforzar la cadena de valor europea en energía solar, reducir la dependencia de importaciones e impulsar la autonomía estratégica.
La declaración se circunscribe a la primera fase de la iniciativa y responde al volumen económico de la inversión, la creación de empleo estable y cualificado y el carácter industrial de una actividad vinculada al sector fotovoltaico y a la transición energética. La iniciativa también contribuirá a reforzar la base industrial de la comunidad y atraer nuevos proyectos.
La planta de Sunwafe se convierte así en el segundo proyecto declarado PIER en Asturias después del promovido por la multinacional Costco. Paralelamente, continúan su tramitación otras iniciativas que han solicitado esta consideración, como las promovidas por Digital Valley para Salas, la de Astilleros Gondán en As Figueiras y la de Indra para sus plantas de Gijón y Langreo.
La consideración de PIER permite una tramitación prioritaria y coordinada de los procedimientos administrativos vinculados al proyecto, sin reducir las exigencias legales o ambientales aplicables. La empresa deberá obtener todas las autorizaciones necesarias antes de iniciar la actividad y cumplir los condicionantes técnicos y sectoriales establecidos durante la tramitación.
Expansión de las escuelas infantiles
El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de sendos convenios de colaboración con nueve ayuntamientos para la integración de quince escuelas municipales de 0 a 3 años en la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías. Los concejos cuyos centros se suman ahora son los siguientes: Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio.
Las quince escuelas municipales suman 54 unidades y cuentan con 656 niñas y niños matriculados. La plantilla está formada por 126 trabajadoras, entre direcciones y técnicas de educación infantil (TEI). Tras esta integración, la red alcanzará los 95 centros operativos, con un total de 2.904 menores matriculados.
Respecto a la extensión de la red, quedan pendientes de apertura cuatro escuelas en Caravia, Caso, Gijón (Colegio Montevil) y Gozón. A ellas hay que añadir los dos centros que se están construyendo en los colegios públicos gijoneses Rey Pelayo y Santa Olaya, que se inaugurarán en 2027. La red autonómica se completará el próximo año con la integración de las escuelas de titularidad municipal de los concejos de Oviedo y Gijón, hasta alcanzar los 123 centros.
Contrato de medios aéreos
El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 20.838.895 euros para contratar los medios aéreos y el apoyo logístico para el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa), durante tres años. Esta decisión se enmarca en el proceso de adaptación del sistema público de emergencias a la evolución de los riesgos y las necesidades de intervención.
El servicio permitirá atender operaciones de búsqueda y rescate, salvamento, asistencia y traslados sanitarios, vigilancia y extinción de incendios, transporte de personal y carga, así como actuaciones de protección civil. También incluye el apoyo logístico y el suministro de combustible para las aeronaves.
Esta contratación garantizará la disponibilidad de recursos especializados para las intervenciones que requieren apoyo aéreo, incluidas las emergencias en zonas de difícil acceso. El primer lote contempla la disponibilidad de tres helicópteros y un incremento de las horas de vuelo contratadas. El servicio incluirá personal médico de rescate helitransportado en presencia física permanente, además de las tripulaciones y medios necesarios para garantizar el funcionamiento de las aeronaves.
El segundo lote comprende el servicio de aeronaves no tripuladas, que contará con medios propios, un mínimo de tres drones profesionales y pilotos disponibles las 24 horas. Estos dispositivos permitirán obtener información aérea sobre el escenario de una emergencia y apoyar las labores de reconocimiento y evaluación.
Adendas a los convenios de Bomberos
El Consejo de Gobierno ha aprobado nuevas adendas a los convenios de colaboración entre el Sepa y los ayuntamientos de Avilés, Castrillón, Langreo, Mieres y Siero para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento. Los acuerdos regulan la prestación coordinada del servicio en estos municipios, mediante la colaboración entre los parques de bomberos que atienden las zonas correspondientes y los recursos municipales.
Subvención para el Instituto Nacional de Silicosis
El Ejecutivo ha autorizado la firma de un convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para reforzar la prevención de la silicosis y otras enfermedades profesionales vinculadas a la actividad minera a través del Instituto Nacional de Silicosis. Estos fondos permitirán desarrollar programas de vigilancia epidemiológica, investigación aplicada, formación especializada y apoyo técnico a las autoridades y empresas del sector, con el objetivo de mejorar la seguridad y la salud laboral.
