El Consejo de Gobierno ha aprobado el reglamento de evaluación del desempeño del personal empleado público del Principado, una norma que culmina el desarrollo de la Ley de Empleo Público en esta materia y supone un nuevo avance en la modernización de la Administración autonómica.
El decreto dota por primera vez de una regulación propia a la evaluación del desempeño y la convierte en una herramienta transversal para reconocer el talento, impulsar el desarrollo profesional y mejorar la calidad de los servicios públicos.
Novedades del reglamento
La principal novedad del reglamento es la introducción de la evaluación positiva excelente, una figura que permitirá reconocer de forma específica a las personas que alcancen la máxima valoración en todas las áreas evaluadas y acrediten una contribución especialmente relevante a la mejora del servicio público.
Este reconocimiento podrá ser tenido en cuenta como mérito cualificado en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, para la asignación de productividad variable y para el acceso preferente a acciones formativas especializadas e iniciativas de innovación y mejora de los servicios públicos.
Mejoras en el desempeño profesional
El reglamento desarrolla también los efectos asociados a las evaluaciones negativas previstos en la Ley de Empleo Público y refuerza los mecanismos orientados a la mejora del desempeño profesional mediante acciones de apoyo, seguimiento y formación.
“La norma consolida un modelo que reconoce el compromiso, la profesionalidad y el trabajo bien hecho de las personas que sostienen cada día los servicios públicos. También impulsa la mejora continua y refuerza una Administración más eficaz y preparada para responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía”, ha valorado la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.
“Asturias da un nuevo paso en la modernización de la gestión pública con una regulación que combina reconocimiento, mejora continua y garantías de objetividad”, ha añadido.
Objetivos y transparencia
La nueva regulación refuerza también la objetividad del sistema de evaluación. Cada unidad administrativa contará con tres objetivos colectivos cuantificables, medibles y verificables, asociados a la mejora de la eficacia, la calidad de los servicios y el rendimiento organizativo.
Además, los objetivos establecidos y su grado de cumplimiento se publicarán anualmente en el Portal de Transparencia.
El reglamento atribuye a la Inspección General de Servicios funciones de auditoría y supervisión periódica para verificar la correcta aplicación del sistema y proponer mejoras que contribuyan a su perfeccionamiento continuo.
Evaluación anual y carrera profesional
La evaluación del desempeño tendrá carácter anual y permitirá valorar tanto el trabajo desarrollado por cada empleado público como la contribución de las unidades a la consecución de objetivos colectivos.
La norma desarrolla, además, nuevas reglas en materia de carrera profesional para facilitar la promoción interna, el reconocimiento de categorías procedentes de otras administraciones, la movilidad entre distintos ámbitos del sector público autonómico y la integración del personal que se incorpore como consecuencia de procesos de transferencia de competencias.
